DECLARACION SOBRE LA VIOLENCIA EN PUERTO RICO

La Conferencia de los Obispos Católicos de Puerto Rico desea pronunciarse con claridad y serenidad ante la deplorable situación de violencia que impera en nuestra amada Isla de Puerto Rico. Nos referimos particularmente a los ultimos acontecimientos relacionados directa o indirectamente con el caso de Vieques.

Precisamente ahora, cuando sólo unos lustros nos separan del medio milenio de cristianismo en Puerto Rico, fieros huracanes de violencia nos azotan desde varios puntos cardinales. Contrario a lo que suele decirse, Puerto Rico ocupa actualmente el quinto lugar en la escala mundial de la violencia. Desgraciadamente, el manso cordero de nuestro escudo nacional es testigo de la nube borrascosa de violencia que se cierne sobre todos los ambitos de nuestra existencia cotidiana.

Como pastores de esta parcela de la Iglesia, compartimos el dolor y la tristeza de todas las victimas de los tragicos acontecimientos.  Y junto al sufrimiento, tambien compartimos la esperanza que palpita en el coraz6n de cada puertorriqueño: la esperanza de una sociedad pacífica.

Aunque no es nuestra tarea el determinar la responsabilidad legal de los protagonistas de los hechos, urge plantear algunas consideraciones de caracter moral y humanitano. Recordemos, en primer lugar, que las leyes deben nutrirse de los derechos fundamentales de los pueblos y de los principios eticos. Por eso siempre hemos respaldado el derecho de los habitantes en las islas militarizadas a disfrutar del sosiego y de la paz indispensable para llevar una vida normal. Por eso hemos solicitado a las autoridades competentes que se oiga el justo clamor de aquella tierra puertorriqueña en de­manda del respeto permanente a sus derechos y su firme reconocimiento de la superioridad de los valores de la vida humana sobre cualesquiera otros valores materiales.  Al expresarnos de esta manera recordamos las palabras de Juan Pablo II a la Organización de las Naciones Unidas: "¿Quién puede negar que hoy día hay personas individuales y poderes civiles que violan impunemente derechos fundamentales de la persona humana, tales como el derecho a nacer, el derecho a la vida, el derecho a la procreaci6n responsable, al trabajo, a la paz, a la libertad y a la justicia social; el derecho a participar en las decisiones que conciernen al pueblo y a las naciones?^" (Juan Pablo II, Mensaje a la Organización de las Naciones Unidas, 2, 1978). En efecto, s6lo podemos edificar una sociedad pacífica sobre los fundamentos de la justicia. Evitaremos el dolor, el conflicto fratricida, si neutralizamos la cadena de causas que conducen a la violencia.

La violencia no suele brotar por generación espontanea.  Mas bien ^"es generada y fomentada por la injusticia, que se puede llamar institucionalizada en diversos sistemas sociales, políticos y económicos, como por las ideologías que la convierten en medio para la conquista del poder^" (Puebla 508).

Por lo tanto, mientras condenamos firmemente la muerte y el sufrimiento fisico y espiritual de las victimas vinculadas directa o indirectamente con el conflicto de Vieques, queremos que nuestras palabras penetren en las conciencias de los politicos, los legisladores, los foros juridicos y los ide6logos.  Si no desar­mamos nuestras almas y nuestras manos; si no logramos unas soluciones dignas y justas a nuestros problemas, la violencia seguirá reclamando victimas, como lo ha hecho en el pasado.

Cuando nos reunimos en Puebla rechazamos la tortura física y sicológica, los secuestros, la persecución de disidentes políticos o de sospechosos y la exclusion de la vida pública por causa de las ideas.

Nos preocupa hondamente, tanto la suerte de los marinos norteamericanos, como la critica situación de los prisioneros puertorriqueños que son deportados a los Estados Unidos. Unos y otros son seres humanos, miembros de una familia.  Debemos detener la cadena de venganza e injusticias. Nuestra responsabilidad de cristianos, de puertorriquenos consiste en promover los medios no violentos en todas las relaciones socio-políticas y económicas.  La experiencia nos enseña que las relaciones de fuerza no han logrado jamás establecer efectivamente la justicia de una manera durable y verdadera (Cfr. Octogesima Adveniens  n. 43). La violencia subversiva y represiva atropella la dignidad humana hasta en los derechos más fundamentales