DECLARACION SOBRE EL PLEBISCITO

La Conferencia de los Obispos Católicos de Puerto Rico desea acompañar al pueblo puertorriqueño en esta hora histórica de serias deliberaciones en tomo a su futuro político. Movidos por nuestra misión pastoral, dirigirnos este mensaje a todos los católicos y a las personas de buena voluntad que han de cumplir con su responsabilidad en este delicado asunto. Iluminados por el Evangelio y auxiliados por la oración, la reflexión y el estudio, pregonamos una palabra de esperanza, de solidaridad y valentía en Un momento crucial para nuestro destino como comunidad política Somos conscientes del grado de tensión y angustia que dicho proceso puede provocar en el ánimo de muchos ciudadanos. Por otro lado, contamos con la posibilidad de conocer mas a fondo la realidad del país, de madurar en el diálogo constructivo y de orientar para que se opte por la solución que satisfaga las exigencias de una conciencia ilustrada.

En et pasado nos liemos dado a la tarea de orientar a nuestra feligresía respecto a varios asuntos de la sociedad puertorriqueña, particularmente en la "Declaración sobre la situación política de Puerto Rico" (23.III.1983). Entiéndase siempre que nuestras manifestaciones no persiguen el propósito de intervenir en la dirección de la cosa pública. Son pronunciamientos legítimos enmarcados en el ámbito pastoral. moral

religioso. Evidentemente, también somos hijos de esta tierra, sujetos a derechos y deberes inalienables. Una opción política supone, en cierto sentido, una opción cultural y religiosa. Un paso de esta naturaleza puede influir inclusive en la identidad y en la constitución jurídica de la institución eclesiástica. Y la Iglesia es una entidad enraizada en nuestra cultura y ser como pueblo, que goza de personalidad jurídica garantizada por el Tratado de París (Art. 8, parr. 2, del 10 de diciembre de 1898).

Prevalece, sobre todo, el oficio episcopal al que nos ha llamado el Señor, y que aquí y ahora nos llama al ejercicio del magisterio en lo que concierne al aspecto de la Doctrina Social. Así lo expresó claramente el Decreto Sobre la Función Pastoral de los Obispos (Christus Dominus, n. 12):

"En el ejercicio de su ministerio de enseñar, que sobresale entre los principales deberes de los Obispos, anuncien a los hombres el Evangelio, llamándoles a la fe con la fortaleza del Espíritu, o confirmándolos en la fe viva. Propónganles el misterio íntegro de Cristo, es decir, aquellas verdades cuyo desconocimiento es ignorancia de Cristo, y también el camino revelado para la glorificación de Dios, y en consecuencia para alcanzar la vida eterna.

Muestrénles asimismo que las cosas de la tierra y las instituciones

humanas se ordenan también según el plan de Dios Creador, a la salvación de los hombres y, por consiguiente, pueden contribuir mucho a la edificación del Cuerpo de Cristo. Enséñeseles, por tanto, cuánto hay que apreciar la persona humana con su libertad y la misma vida del cuerpo. según la doctrina de la iglesia: la familia y su unidad y estabilidad, la procreación y educación de los hijos; la sociedad civil con sus leyes y profesiones; el trabajo y el descanso, las artes y los inventos técnicos; la pobreza y la abundancia. Expónganles, fielmente, las razones que exigen resolver los gravísimos problemas de la posesión de los bienes materiales, de su incremento y recta distribución, acerca de la paz y de la guerra, y de la vida hermanada de todos los pueblos."

Aunque no ostentamos cargos políticos ni servimos a intereses partidistas, nos incumbe la irrenunciable misión de evangelizar todos los órdenes humanos y sociales, inclusive el ámbito de la cultura.

Presentadas nuestras credenciales, entremos de lleno al tema que nos ocupa. Aunque todavía queda mucho camino por hacer y aun no se perfila exacta ni completamente el proyecto del llamado plebiscito, ya se han dado unos pasos de comunicaci6n y participación en diversos foros. Habrá de evaluarse el alcance de tales etapas de consulta y su relación con la totalidad del proceso democrático. Las piezas legislativas del Congreso, elaboradas por su Comisión de Energía y Recursos Naturales y encaminadas a revisar las              relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico, requieren un estudio concienzudo y profundo. En efecto, existen criterios de validez para evaluar la consulta plebiscitarla, criterios que han de garantizar la pureza de la consulta antes, durante y después de los acuerdos bilaterales. Aconfinuaci6n mencionamos algunos de los más importantes:

1. El estatuto que en el presente rige las  relaciones federales con Puerto Rico debe ser examinado minuciosa y justamente para determinar, con claridad meridiana, el punto de partida actual.

2. Corresponde a las legítimas y respectivas autoridades el iniciar, mantener y culminar la consulta según los cánones de la buena voluntad y a tono con et derecho natural e internacional y el mejor espíritu de las leyes establecidas.

3. Los proyectos legislativos deben evitar toda ambigüedad, imprecisión o equivoco de carácter jurídico y técnico. Esto implica una coordinación extraordinaria entre autoridades, organismos, investigadores y electores. Asimismo, se requiere coherencia lógica en los términos de los documentos oficiales.

4. Toda la comunidad ha de recibir una información y formación razonable sobre las diversas opciones que definirán la constituci6n política del país. Dicho esfuerzo educativo trascenderá y rechazara los vicios de cualquier sector de donde procedan que pueden minar la credibilidad de los comicios regulares: manipulación de la opinión pública, compraventa de influencias, engaño, demagogia, presiones foráneas...

5. El pueblo expresara su parecer libre y conscientemente a través de todos los medios adecuados.

6. Una vez conocido el resultado del sufragio y confirmada la pureza de la consulta plebiscitaria, procede el acatar respetuosa, positiva y noblemente et veredicto de la mayoría. Los mismos estatutos e instituciones democráticas proveerán un marco legal para encauzar dignamente las iniciativas posteriores de las minorías.

Cuando los individuos y la sociedad escogen parte de su futuro; cuando aparentemente nos acercamos una vez mas a la solución de un problema histórico--en el sentido temporal y axiológico, es decir, valorativo;- cuando se presentan ideas, ideales y condiciones concretas que exigen un discernimiento maduro más allá de las convicciones o conveniencias partidistas; cuando todo esto sucede simultáneamente, estamos ante la naturaleza de una elección fundamental. Por consiguiente, no debemos cercenar la prudencia ni escatimar esfuerzos a la hora de establecer y traducir en realidad todos los criterios de validez que sean necesarios. Por un lado, acogemos con beneplácito las iniciativas de educación cívica que brotan de espíritus rectos y generosos. Por otro lado, censuramos el hecho de que algunas personas dediquen mas tiempo y empeño a combinar sus números de suerte en sorteos o competencias deportivas que al estudio serio de las alternativas políticas. Peor aun, las contiendas electorales se convierten en meros motivos II ocasiones de apuestas pecuniarias.

Las cuestiones vitales de un pueblo superan infinitamente las inquietudes de un juego de azar. Ciertamente, la controversia tradicional del status afecta a casi todos los recursos materiales y espirituales de la sociedad puertorriqueña. Cuando examinamos libros y documentos del presente siglo, notamos que las preocupaciones políticas y culturales que hoy nos afligen son tópicos trillados de la historia local. Se trata de un tema demasiado grave como para dejarlo en manos de un solo sector de la comunidad o a merced de intereses ajenos a nuestros mejores propósitos. Por consiguiente, reiteramos que urge sentar las condiciones óptimas para garantizar una deterrninación sabia y prudente.

En Puerto Rico, las fórmulas principales en el campo político se reducen prácticamente a tres: estadidad, Estado Libre Asociado e independencia. Considerando la pluralidad del registro político y la justa libertad de las realidades terrenas, podrían surgir otras alternativas intermedias o variantes de las fórmulas básicas. En todo caso, cualquier definición confirmará su valor en la medida en que asegure un genuino progreso social, una fraternal interdependencia entre las naciones y el respeto a la personalidad propia tanto jurídica como culturalmente.

No corresponde a nuestro magisterio el prescribir recetas partidistas para conjurar la crítica situación del presente. Ahora bien, estamos llamados a velar por la integridad moral de dichas opciones. León XIII reconoció la relativa autonomía y el sano pluralismo de las opiniones políticas. "Los pareceres diferentes en materia política pueden ser difundidos honesta y legítimamente dentro de su propia esfera. La Iglesia no condena en modo alguno las preferencias políticas con tal que estas no sean contrarias a la religión y a la justicia social" (Cum Multa, 3, subrayado nuestro).

El ejercicio de la verdadera democracia, fundado en la esencial igualdad de los ciudadanos, incluye la participación de las agrupaciones políticas, pero no se agota en ese limitado marco de acción. Aunque los partidos tratan de encarnar los ideales de un determinado grupo de personas, su existencia concreta es contingente y no abarca la riqueza de las organizaciones sociales e individuos particulares. Por encima de la participación directa del pueblo en la gestión pública, vislumbramos una democracia más profunda y comprometedora, una democracia de carácter espiritual. El gobierno democrático dicta la mejor y mayor presencia del pueblo en todas las etapas de la consulta plebiscitaria. La democracia espiritual, traducida parcialmente en derecho internacional y justicia social, dicta las condiciones de igualdad y dignidad entre los pueblos. La raíz de los derechos de la persona humana se encuentra en el cristianismo. Dios nos creó esencialmente iguales para la vida y para la muerte, y no cabe discrimen alguno que menoscabe la libertad primordial. La relativa grandeza o pequeñez de las comunidades políticas no altera los términos de una relación justa, pacífica, fraterna entre ellas, en la que se respete la intrínseca dignidad de las partes.

En la perspectiva de la democracia internacional tienen vigencia las palabras de Su Santidad Pablo VI, de feliz memoria: "El deber mis importante de la justicia es el de permitir en cada país promover su propio desarrollo, dentro del marco de una cooperación exenta de todo espíritu de dominio económico y político" (Octogesima Adveniens, 45). Aunque la cuestión del desarrollo, vista superficialmente, podría parecer extraña a la legitima preocupación de la Iglesia como instituci6n religiosa, afirmamos, en armonía con el magisterio de Juan Pablo II, que "...cuando la Iglesia se ocupa del desarrollo de los pueblos no puede ser acusada de sobrepasar su campe específico de competencia y. mucho menos, el mandato recibido del Señor" (Sollicitudo Rei Sociali, 8). Sea cual fuere la determinación final de los puertorriqueños, es de trascendental importancia el salvaguardar su personalidad propia, pues "en breve plazo no habrá pueblos dominadores ni pueblos dominados. No hay comunidad alguna que quiera estar sometida al dominio de otra" (Juan XXIII, Pacem in Terris, 42: 43). Si bien es cierto que en la actualidad la autodeterminación se da en un ambiente de solidaridad universal, también es cierto que las naciones caminan hacia una interdependencia entre iguales que aprecia la peculiaridad de cada pueblo y rechaza Ia uniformidad cultural. La III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano cuestionó la nueva cultura urbano-industrial, y encomió el interés creciente por los valores autóctonos y por el amor a la tierra (Puebla:

la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. im. 417-

427).

Todo lo anterior nos indica que estamos ante un proyecto de enorme magnitud, que compromete las fibras mas intimas de la familia boricua. Más que un reto que a la fachada externa de ciertos estatutos de relaciones mutuas, hemos de unir nuestras voluntades al porvenir histórico, afincándonos en las raíces que nos identifican. Al definir nuestro estilo de vida colectivo, según los sublimes ideales de la convivencia social, quedan integrados los aspectos políticos, sociales, culturales y económicos.

Sabemos que en Puerto Rico, por ejemplo, se juega con este perpetuo dilema: desarrollo económico o cultura propia; bienestar material o gobierno soberano; amenazas externas o solidaridad caribeña. Creemos que, al margen del plebiscito, todos los pueblos deben esforzarse por producir sus propios medios de subsistencia y compartir sus recursos en un intercambio justo y fraterno.

¿Hasta qué punto constituyen las necesidades económicas y los miedos psicológicos los motivos principales de una opción fundamental'? ¿En qué medida se imponen los criterios estratégicos, comerciales y los fines ocultos de la geopolítica actual? Evidentemente, las decisiones humanas se nutren de diversas razones. La calidad de esas determinaciones coincide con el valor de las razones y su debida jerarquización. Huelga decir que para nosotros las causas practicas están  sometidas a las cuestiones de principio:

"No sólo de pan vive el hombre..." (Mt 4.4).

Sin soslayar los móviles subjetivos-móviles que claman por el discernimiento de un juicio prudente,- resulta imprescindible la referencia a un orden ético objetivo. De las fuentes del pensamiento social cristiano brotan criterios de valor a la hora de examinar el progreso de una comunidad y de optar por alternativas en la sociedad secular. Como afirmamos en la "Declaración sobre la situación política de Puerto Rico," n. 9:

"Los criterios y los principios cristianos juzgan las ideologías y las estructuras políticas que se proyectan en los caminos de la historia a partir de unos valores trascendentales: la dignidad de la persona humana, la integridad de la vida familiar, la prioridad del bien común y de las realidades espirituales, la opción preferencial por los pobres, el respeto a la vida, el servicio a la verdad, a la justicia y a la libertad, el amor a la patria y a la cultura, la paz y la solidaridad internacional."

Claro está, la aspiración a conquistar óptimas condiciones materiales no riñe de por sí con los principios espirituales, siempre y cuando persigamos la felicidad integral de todo el hombre y de todos los hombres. Esto significa que no debemos sacrificar, en aras del bienestar físico, la serenidad espiritual, el equilibrio psíquico y ecológico, los valores morales, culturales y religiosos, en fin, nuestra alma. ¿De qué le vale a un pueblo ganarlo todo si pierde su alma? ¿Cómo justificar el que los factores materiales pongan en entredicho la libertad de conciencia? El fomento económico crecerá a la par con las serenas obras del espíritu. Aun así, cualquier proyecto político, por más elevado que sea en teoría, no se encuentra exento de persuadir a los electores en cuanto a la viabilidad de su fórmula y los beneficios concretos que se propone promover. "Los ciudadanos que depositan su confianza en alguna fórmula política no lo hacen con animo de firmar un cheque en blanco o de apostar a la lotería. Se trata mas bien de un riesgo razonable por el bien individual y colectivo. En otras palabras, las alternativas tradicionales representan caminos potenciales en la historia del país, pero no contienen de por sí la garantía infalible que conjure mágicamente los serios problemas socioeconómicos de Puerto Rico" ("Declaración sobre la situación política de Puerto Rico," n. 11).

La dimensión práctica del orden político reclama una supervisión continua. Esta supervisión o fiscalización es igualmente necesaria cuando los elementos ideológicos se adueñan de las estructuras de poder. Por consiguiente, la Iglesia rechaza abiertamente aquellas iniciativas que aboguen por la violencia, el materialismo y el ateismo como sistema de convivencia social. Asimismo, desaconsejamos la cánones del capitalismo materialista e inhumano que tritura el corazón del hombre con su maquinaria mercantilista (cfr. Pio XI, Quadragesimo Anno, 105-109).

A este respecto, Juan Pablo II señaló las consecuencias del neocolonialismo económico e ideológico al dirigirse a naciones que, inclusive, habían ya definido su status político: "La independencia política y la soberanía nacional exigen, como un corolario necesario, que también existan la independencia económica y la libertad de dominio ideológico. La situación de algunas naciones puede ser profundamente condicionada por las decisiones de otras potencias. entre las cuales se encuentran las grandes potencias mundiales. Puede haber, además, la sutil amenaza de cierta interferencia ideológica que podría causar en el ámbito de la dignidad humana efectos que son mis nocivos que cualquier otra forma de sujeción”  (Discurso ante el Cuerpo Diplomático, Kenia, 6.V. 1 982).

Estas palabras nos iluminan para ver el asunto de Puerto Rico con una mente amplia y abierta, tomando en cuenta el ancho horizonte del tiempo y del espacio. Somos una sociedad integrada por varias islas pero no estamos condenados a vivir atrapados en las redes de un insularismo miope. A semejanza del pueblo de Dios, peregrinamos hacia el futuro, conquistando nuevas libertades en una tierra que mana leche y miel. Ni las cebollas de Egipto ni los platos de lentejas podrán pagar por los grandes valores que redimen al ser humano y a las sociedades.

De ahí la gravedad de esta decisi6n que se presenta ante nuestra conciencia. Y, de allí, nuestra intención de alertar sobre la calidad de la participación civil y civilizada y la importancia de la educación social. Contra el culto ciego al valor numérico, respetemos la voluntad solidaria de las comunidades en armonía con la bondad objetiva de la realidad. De otra manera, lamentaremos la denuncia certera de S.S. Pío XII: "El ciudadano es elector. Pero, como tal, el ciudadano en realidad no es otra cosa que una mera unidad cuyo total constituye una mayoría o una minoría, que puede invertirse por el desplazamiento de algunas voces, o quizás de una sola" (Tres sensibles, 6). Esta advertencia adquiere más vigencia en una sociedad en la que los medios de comunicación social hacen a la opinión pública muy impresionable y cambiable en todas las fuentes de la vida nacional.

Deseamos insistir en la obligación moral de los políticos de presentar, con objetividad y claridad, las diversas alternativas políticas-sus respectivas ventajas y desventajas-, y en la responsabilidad de educar sinceramente al pueblo sobre este asunto. Asimismo, hacemos un llamado general a la reflexión, la cordura y la participación consciente, a uno con el espíritu del documento Christifideles Laici, num. 42: "Para animar cristianamente el orden temporal- en el sentido señalado de servir a la persona y a la sociedad-los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de laparticipaci6n en la política; es decir, de la multiforme y variada acción económica. social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común."

Exhortamos, pues, a nuestras instituciones, asociaciones y fieles en general a que se eduquen y contribuyan a la educación de nuestros hermanos puertorriqueños. Esta declaración es sólo una etapa de un proceso formativo que nos ayudara a aplicar la doctrina social católica a los acuciantes desafíos de la realidad puertorriqueña  Nuestra contribución al diálogo de discernimiento histórico no pretende politizar el cristianismo, sino cristianizar la política.