Declaración de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña
Sobre los Comicios Electorales 2004
“Examínelo todo, quédense con lo bueno. Apártense de toda clase de mal”
(1 Tes. 5, 21-22)
Al pueblo de Dios
A los hombres y mujeres de buena voluntad
1. Cada cuatro años, según dispone el mandato constitucional, los electores puertorriqueños acudimos a los comicios generales para expresar nuestra voluntad democrática. “Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coerción en el ejercicio de la prerrogativa electoral” (Constitución de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art 11, 3). La Iglesia, que promueve y respeta la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos, les exhorta a tomar parte activa en los asuntos públicos. “Es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública” (Gaudium et Spes 31,3 ; cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn.1915, 2245).
2. Al igual que en otras ocasiones, los Obispos de Puerto Rico sentimos el deber de peregrinar con nuestro pueblo, como centinelas del espíritu, buscando el bien común del país con nuestro magisterio moral. La responsabilidad pastoral nos llama a orientar la conciencia de los fieles católicos. Vaya también nuestra voz a todas las personas de buena voluntad. Unos y otros han de entender que los comicios electorales no se reducen a depositar apresuradamente un voto en una urna. Son más bien ocasión propia para decidir sobre el liderazgo, los proyectos, las leyes y los valores que guiarán a nuestra sociedad.
3. Proponemos una vez más un estilo de política fundado en el bien integral de la persona y de la comunidad, por encima de la retórica hueca, el partidismo, el juego de las encuestas, los grandes donativos y los intereses creados. Un estilo de alta categoría donde los creyentes constaten que las organizaciones políticas acogen sinceramente los valores a favor de la vida y dignidad humanas. La Iglesia, experta en humanidad y servidora de obras de misericordia, conoce íntimamente el dolor y la indigencia de los marginados, y aporta el horizonte moral, el compromiso social y su propia vivencia como comunidad rica y diversa
4. El momento que vive nuestro pueblo una cualificada participación democrática. Prevalecen ciertas tendencias que invaden los ambientes sociales y repercuten en el ámbito de la fe: el secularismo rampante, el credo “a la carta”, la prevalencia del individualismo insolidario, los placeres y las riquezas como fines en sí mismos. A raíz de estos fenómenos negativos se va deformando el destino del ser humano y su referencia a la trascendencia y a Dios, y los valores permanentes de nuestra comunidad. “Estos valores se refieren, ante todo, a la dignidad humana, la función central de la familia fundada en el matrimonio, la solidaridad, la subsidiaridad, el imperio de la ley y la sólida democracia” (Juan Pablo II, Discurso al Encuentro de la Fundación Robert Schuman, 7.XI. 2003, n.3).
5. Ante la vista de todos están los signos de un cambio mundial de época: “guerras preventivas” que encubren torpes intereses económicos, la sobra de los atentados terroristas, la inseguridad y, al mismo tiempo, la apertura del mundo a una globalidad económica, cultural y de la comunicación.
6. En Puerto Rico la crisis de valores se traduce en la criminalidad, la inseguridad ciudadana, la debilidad e inestabilidad de los puestos de trabajo, la deserción escolar, la fragilidad del matrimonio, el libertinaje sexual, la drogadicción, el lastre de la dependencia endémica, la falta de respeto, el deterioro y fanatismo de grandes sectores de los entes políticos, la descomposición de la función pública y las frustraciones por promesas incumplidas.
7. En el pasado el país ha sufrido un espectáculo traumatizante de abuso de poder en el manejo de los bienes públicos y en lo que concierne al debido respeto recíproco de los políticos. Nuestros ciudadanos necesitan superar la sospecha que pesa sobre los funcionarios públicos, mientras aprendemos eficazmente de los errores ajenos.
8. En el fondo de la degradación imperante late un relativismo cultural y ético. En aras de un pluralismo mal entendido, los poderes civiles formulan leyes y defienden prácticas “que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias, como si todas las concepciones de la vida tuvieran igual valor” (Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida pública, 24.XI.2002, n.2). Renuncian así al sólido fundamento objetivo de la democracia y del progreso social y olvidan la verdad es una.
9. Por nuestra parte, los ciudadanos católicos, amparados en la legítima libertad, tenemos el derecho y el deber de escoger aquella opción política que responda mejor a los criterios de la fe, la ley moral natural y a las exigencias del bien común. La legítima pluraridad de posibilidades en el ámbito político-social no deja de lado la vigencia de la doctrina mora y social cristiana. “Sobre esta enseñanza los laicos están obligados a confrontarse siempre para tener la certeza de que la propia participación en la vida política esté caracterizada por una coherente responsabilidad hacia las realidades temporales”(Ibíd.., n.3).
10. Reiteramos que nuestro pueblo debe asumir una cualificada decisión respecto a la política, al discernimiento de programas, a la selección de hombres y mujeres que gobiernen e implementen sus sanos objetivos con sabiduría, sin odios ni revanchas. Los buenos ciudadanos no renuncian a su responsabilidad social, sino que afrontan los problemas fundamentales de su comunidad , a la vez que exigen a los dirigentes elegidos, sólidos principios éticos y claras opciones de acción.
11. En un plano más específico, los votantes católicos no entregamos un cheque en blanco a los candidatos políticos. Urge examinar cuidadosamente sus intenciones y convicciones y considerar, entre otras cosas, su postura ante algunos asuntos de vital importancia. Queremos conocer sus propuestas para restringir el aborto legalizado y exigir mayor responsabilidad, como lo hacen algunos estados de los Estados Unidos de América. Si ofrecen algún en concreto para la asistencia de los ancianos y pensionados más humildes, para salir de la deficiencia de los en los servicios de salud mental. Si impulsan programas para respetar al deambulante y ayudarle a superar su situación. Si harán un esfuerzo para mejorar la vivienda y otros servicios esenciales. Deseamos saber si defienden el derecho de los padres de la familia más pobres a optar por los colegios o escuelas de su preferencia para sus hijos a cuenta del erario público. Si favorecen la verdadera democratización de la enseñanza. Si presentan estrategias a fin de remediar la deserción escolar de la juventud y su ingreso en la “universidad de la calle”. Si piensan reforzar la fundación natural del matrimonio entre hombre y mujer para la crianza integral de los hijos y excluir la concesión de derechos de familia a uniones antinaturales. Si proponen opciones de prevención y recuperación ante la invasión del narcotráfico, la proliferación de las pandillas, la criminalidad, la violencia, la escasa rehabilitación de los presos, drogadictos y alcohólicos. Nos interesa saber como protegerán a los ciudadanos de la globalización del sexo en la publicidad, la televisión, la red electrónica, en el abuso del modelo de la mujer, en el atropello de la figura sagrada del niño, en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, etc. Y cómo piensan patrocinar el capital económico autóctono en la creación de nuevos puestos permanentes de trabajo y en el desarrollo y diversificación de la agricultura, tanto en el mercado interno como en el internacional. Preguntamos qué aportarán al asunto de la situación de Puerto Rico, a la luz de la doctrina social católica; y en qué medida aprecian y promueven los valores culturales y espirituales de nuestro pueblo.
12. Estos y otros criterios permitirán a los electores católicos discernir críticamente quiénes merecen un voto de confianza. Desde luego, el ejercicio de fiscalización debe continuar a lo largo del cuatrienio para verificar que se cumplan las promesas de la campaña electoral. Con el propósito de minimizar los riesgos, hemos de analizar la capacidad demostrada del candidato, la coherencia entre su pasado personal y los objetivos afirmados. Los auténticos valores morales deben acreditar al candidato en su vida privada, en su sensibilidad por los más pobres y fidelidad a los sentimientos de nuestro pueblo en su capacidad de escucha y diálogo, junto a su campaña electoral de alto respeto hacia los demás candidatos, tanto por sí mismo, como por su comité de campaña y colaboradores.
13. En la disciplina del buen diálogo se analizan objetivamente las ideas, evitando los ataques despiadados y personalistas. Los debates políticos parecen encontronazos entre enemigos, cuando se presume que sean una oportunidad de encuentro entre adversarios que se respetan y un medio para que los ciudadanos tomen una decisión bien informada. El opositor merece un trato acorde con la dignidad y la igualdad de los hijos e hijas de Dios. La caridad, la unidad y la paz son valores que no se traicionan por la conquista maquiavélica de un puesto político o una prebenda económica. El diálogo respetuoso y sereno ayuda a canalizar las emociones y a entender que no debemos temer el aprender algo nuevo o diferente en un mundo pluralista.
14. Asimismo, quien se somete al escrutinio público ha de andar siempre con la verdad, en actitud sincera y vertical. La verdad dicha con caridad, le hará libre para así poder contribuir a la libertad de espíritu y conciencia de sus correligionarios. La dedicación al ministerio público no lo exime de la vocación a la santidad, al contrario, el noble arte de la política exige una conducta intachable. “La Iglesia venera entre sus santos a numerosos hombres y mujeres que han servido a Dios a través de su generoso compromiso en las actividades políticas y de gobierno. Entre ellos, Santo Tomás de Moro, Patrón de los gobernantes políticos, que supo testimoniar hasta el martirio la inalienable dignidad de la conciencia. Aunque sometido a diversas formas de presión psicológica, rechazó toda componeda, y sin abandonar la constante fidelidad de la autoridad y a las instituciones que los distinguía, afirmó con su vida y su muerte que el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral”. (Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, 24.XI.2002, n.1).
15. En la agenda de quien aspira a que su cargo político no debe existir al afán de lucro, vanagloria y poder. Más bien se espera que fomente la honradez y la austeridad en la administración de los fondos públicos. Recordemos que la actividad política no debe convertirse en un mecanismo egoísta destinado a acrecentar capitales propios o ajenos. La misma palabra administración señala hacia el compromiso de servir y no de ser servido. Cuando la intención real del político consiste en acumular beneficios individuales y despilfarrar, entonces abre las puertas a la corrupción y a otras aberraciones que corroen la convivencia social.
16. En esta coyuntura importante de la comunidad puertorriqueña, los Obispos deseamos reafirmar nuestro afecto pastoral, nuestra oración y cercanía a los más sufridos, a los ancianos, a los desempleados, a los que viven solitarios e indefensos, a los que trabajan a favor de sus familias y a los héroes anónimos de nuestra patria. Reciban también nuestra bendición y apoyo a los ciudadanos que han creído en la posibilidad de una misión desinteresada y genuina en el campo político a favor de nuestro pueblo y de su casa. A ellos dedicamos las palabras que Juan Pablo II dirigió al Encuentro de la Fundación Robert Schuman: “Las críticas hechas a la actividad política no justifican una postura de escepticismo frente al desempeño del católico que, al contrario, tiene el deber de asumir la responsabilidad del bienestar de la sociedad justa y fraterna. Hace falta también trabajar en forma comprometida y competente para la promoción de los valores humanos permanentes en la vida pública, en conformidad con los medios correctos propios de la actividad política” (7.XI.2003, n.3).
17. Como Pastores de esta grey, los Obispos de Puerto Rico rogamos al Señor que los comicios generales se realicen pacíficamente a alcancen feliz término. El derecho constitucional habla del sufragio universal, igual, directo, y secreto. Descartemos toda presión sutil, toda coerción solapada y sofista que pueda menoscabar el libre y sabio ejercicio de la democracia. Una vez conocido el veredicto del pueblo, tanto los candidatos llamados a desempeñar funciones ejecutivas y legislativas, como aquellos que no recibieron el favor del electorado, contribuirán al bien común, cada uno en su lugar. Sepan los elegidos que nadie recibe unos poderes absolutos, sino en el marco de las leyes y los principios morales. Los líderes han de tomar su conciencia frente a Dios y servir limpiamente, con preferencia a los más necesitados. Quienes nombran a los funcionarios públicos han de investigar cuidadosamente su integridad e idoneidad para que dichos funcionarios sirvan con fortaleza, desprendimiento y perseverancia.
18. Todos los miembros de la comunidad política permanecen con la obligación de concurrir siempre a la perfección de la sociedad, apoyando las gestiones concretas dentro del marco de la ley y de la conciencia. Los creyentes responderemos a una motivación profunda y firme cuando actuamos como ciudadanos fieles a los altos valores de la patria. Reiteramos que cuando la Iglesia ejerce su “magisterio”, no lo hace como si fuera capellán de algún partido político o propulsora de un determinado candidato. Su opción preferencial es por los débiles y vulnerables, por la vida y la dignidad del ser humano. En más de una ocasión será imperioso el reformar las leyes que atentan contra la justicia y el derecho natural. Al final de la jornada electoral, queda la tarea urgente de derribar los muros de las divisiones y construir los puentes de la unidad, recuperar la serenidad y el respeto recíproco en el trato mutuo, en el uso de los medios de comunicación social y el aprecio de los hermanos, hijos y responsables de nuestra tierra puertorriqueña. Antes, durante y después de la contienda electoral, superemos la desgracia de la violencia y luchemos por la cultura de la vida y de la paz.
19. Los principios de esta paz auténtica y duradera están en la persona y el mensaje de Jesucristo, quien nos exhortó a pregonarlos y compartirlos. Corresponde al cristiano, pues, no esconder su fe debajo de los temores humanos, sino proclamaría desde los azoteas y en foros públicos, usando sus voces y sus votos para defender la vida, promover la justicia y la paz y procurar un lugar en la mesa par a todos los hijos e hijas de Dios.
Les bendecimos de corazón.
Dado en Mayagüez, Puerto Rico, a los 26 días del mes de abril del año del Señor en el 2004.
Luis Cardenal Aponte Martínez Arzobispo Emérito de San Juan Mons. Roberto O. González Nieves, OFM
Arzobispo Metropolitano de San Juan
Presidente de la CEPMons. Félix Lázaro Martínez, Sch. P.
Obispo de Ponce
Vicepresidente de la CEPMons.Ulises Casiano Vargas
Obispo de MayagüezMons. Iñaki Mallona, CP
Obispo de AreciboMons. Rubén González Medina, CMF
Obispo de CaguasMons. Héctor Rivera Pérez
Obispo Auxiliar de San JuanMons. Hermín Negrón Santana
Obispo Auxiliar de San JuanMons. Ricardo Suriñach
Obispo Emérito de Ponce
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