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DECLARACION
SOBRE EL El
Problema En
los últimos tiempos ha
habido periódicamente ciertas llamadas de alerta de Centros y
Autoridades competentes de diversas partes del mundo, para hacer caer en la
cuenta a las personas responsables del tremendo problema que ha venido a
llamarse la "explosión demográfica".
De verificarse los cálculos estadísticos, en lo que queda de siglo, la población mundial se vería
aumentada en más de tres millones de habitantes. Los Estados Unidos
alcanzaría un crecimiento de otros cien millones. Puerto Rico tendría cerca
de los seis millones a comienzos del Siglo XXI. Intentos
de Solución en Puerto Rico Entre
los diversos intentos que aquí en Puerto Rico se han tenido en búsqueda de
una solución esta el de la Legislatura de Puerto Rico, a cuya consideración
se ha presentado un proyecto de ley sobre el problema de la súper-población
entre nosotros. El Consejo asesor del Gobernador para el Desarrollo de
Programas Gubernamentales le ha presentado un Informe sobre la forma de
implementar esta ley; y le ha hecho "algunas recomendaciones de acción"
específicamente en el campo del "control de la natalidad" y la
"planificación de la familia". Como ciudadanos, cristianos y ministros del Pueblo de Dios
nos preocupa en la misma medida que a las altas autoridades del Estado este
problema poblacional de dimensiones tan alarmantes, y estamos dispuestos a
colaborar en cualquier intento de solución que esté de acuerdo con las
doctrinas de la Iglesia. Autoridad y Limitación del Estado Siguiendo
esta misma doctrina reconocemos, con el Concilio Vaticano II, que "los
gobiernos respectivos tienen derechos y obligaciones, en lo que toca a los
problemas de su propia población, dentro de los limites de su especifica
competencia. Tales son, por ejemplo, la legislación social y familiar, la
emigración del campo a la ciudad, la información sobre la situación y
necesidades del Fafs" (Gaudium et 5~s n.87). Más aun, uniéndonos a
Su Santidad Pablo VI, en su Encíclica Humanae Vitae, "decimos a los gobernantes, que son los
primeros responsables del bien común y que tanto pueden hacer para
salvaguardar las costumbres morales: no permitáis que se degrade la
moralidad de vuestros pueblos; no aceptéis que se introduzcan legalmente en
la célula fundamental, Aplicando estos principios generales a la realidad
puertorriqueña queremos recordar las normas que esta Conferencia Episcopal
tuvo a bien emitir el ano próximo pasado: a) Un estado
que se limita a ilustrar simplemente a los ciudadanos sobre los problemas de
la explosión demográfica, y aun sobre la existencia y uso biológicamente
inocuo de los anticonceptivos, con el fin de evitar males que la falta de
ilustración habría de causar en la población, no merecería reproche, a
condición de evitar toda propaganda o recomendación positiva de los
mismos, aunque su ilustración fuera para mas de uno la ocasión de
adquirirlos, que no hubiese tenido de otro modo. b) La tolerancia de su
importación al país c) La propaganda; positiva de los contraconceptivos, y,
sobre todo, la imposición de los mismos en determinados casos, aunque sea
para evitar grandes males demográficos o económicos no tienen justificación
ética posible. Señala muy bien el Papa el peligro evidente que puede
tener una campaña masiva en favor de la anticoncepción. No cabe duda de que
se puede ayudar a los esposos para que ellos, libremente, puedan planificar
sus familias; pero no es menos cierto que tal campaña puede proporcionar una
enorme brecha hacia la relajación de las costumbres, al poner quizás en
manos inescrupulosas la información y los medios para burlar la fidelidad y
la santidad del matrimonio, sin temor a consecuencias de la procreación.
Creemos que, tanto la Iglesia Católica como las demás Iglesias de Puerto
Rico, debemos estar conscientes de este real peligro que se le presenta de
nuevo a nuestro pueblo. Como Pastores, sensibles a los problemas de todo el pueblo
de Puerto Rico, haciendo nuestros sus dolores y angustias, queremos hacer
constancia de que estamos dispuestos a ayudarlo, en la medida de nuestras
posibilidades, para aliviar la magnitud de este grave problema. Específicamente
nos referimos, y nos comprometemos, a una campana intensiva de educación
e instrucción de los esposos para que sepan, libremente, ejercer el derecho
de una paternidad responsable. B. Derecho de los Esposos - Paternidad
Responsable Porque
reconocemos con Pablo VI, en su Encíclica Populorum Progressio, que
aunque "es cierto que los poderes públicos, dentro de los limites de su
competencia, pueden intervenir, llevando a cabo una información apropiada y
adoptando las medidas convenientes con tal de que estén de acuerdo con las
exigencias de la ley moral y respeten la justa libertad de los esposos, no
obstante sin derecho inalienable al matrimonio y a la procreación, no hay
dignidad humana. Al fin y al cabo es a los padres a los que les toca
decidir, con pleno conocimiento de causa, el numero de sus hijos, aceptando
sus responsabilidades ante Dios, ante ellos mismos, ante los hijos que ya
han traído al mundo y ante la comunidad a la que pertenecen, siguiendo las
exigencias de su conciencia, instruida por la Ley de Dios auténticamente
interpretada y sostenida por la confianza en El" (n.37. Y
el mismo Papa Pablo VI, Maestro Supremo de la Iglesia, sostiene en su Encíclica
Humanae Vitae que la interpretación autentica de la Ley de Dios
contiene la reprobación del uso de los medios anticonceptivos, como también
condena la inducción directa del aborto o de la esterilización. C. Medios para Asegurar la Libertad de
los Esposos Nos
permitimos pedir a la Legislatura y demás autoridades competentes que vigilen
estrechamente, tomando las medidas necesarias para que se cumpla "la
premisa básica", de que "los matrimonios... sean instruidos
adecuadamente
para que utilicen la información y los servicios que habrá de suministrarle
el Estado, con arreglo a los dictados de sus conciencias, de tal manera que
nadie se vea obligado a actuar contra sus convicciones morales, o excluido de
los beneficios y facilidades que la ley puede ofrecer". Y apreciamos que "la única
consideración acreedora al respeto
de todos es el bienestar de la familia puertorriqueña, y su derecho al
disfrute pleno de los logros de la civilización contemporánea" (Citas
del Informe al Gobernador. Pero en este punto deseamos traer a la memoria un
principio de moral publica: que es el Estado el que tiene la función de velar
por el bien común. Y por lo tanto nos atrevemos a proponer que todo este
programa debe estar manejado directamente por el mismo Estado, ya que la única
razón valedera para implantarlo es el "bien común", que es función
propia del Gobierno. Nuestra experiencia nos dice, además, que es muy
peligroso que entidades privadas se encarguen de una función tan íntimamente
ligada a la moral publica. Por lo demás, con humildad pero con entereza,
queremos que quede Graves Problemas Económicos y Sociales Faltaríamos
a nuestro deber de Pastores responsables de la parte mayoritaria católica de
nuestro pueblo Si no señaláramos que hemos visto con cierta pena que tanto el
proyecto de Ley de la Legislatura como el Informe al Sr. Gobernador, para la
solución al grave problema de la explosión demográfica y planificación de
la familia en nuestro país, se hayan ceñido solamente al control de los
nacimientos. Estamos
totalmente de acuerdo con los Obispos latinoamericanos reunidos el año pasado
en Medellín, Colombia, cuando declararon que "todo enfoque unilateral,
como toda solución simplista respecto a estos problemas, son incompletos...
Aparece como particularmente dañosa la adopción de una política
demográfica antinatalista que tiende a suplantar, sustituir relegar al
olvido una política de desarrollo, mas exigente, pero la única
aceptable". Insistimos
que debemos reconocer que el problema poblacional en Puerto Rico es un
problema sumamente complejo, con muchísimos factores envueltos: sociales,
económicos, políticos, morales... Insistimos, además, en que el eje central
de todo el planteamiento debe ser la dignidad del hombre, la dignidad de la
vida humana, una visión global del hombre. Es
indudable que tenemos grandes problemas económicos, sociales y educativos
que es necesario atender decididamente cuando tratamos de la planificación
de la familia. Las estadísticas son bastante conocidas; recordemos algunas
solamente. Según
un estudio del Departamento del Trabajo de 19ó3, el 43% de las familias de
Puerto Rico tenia ingresos de menos de $2,000 al año, y alrededor de 77,000
familias vivían con un ingreso per capita anual de menos de $200. Y en un
estudio más reciente de la Junta de Planificación se nos dice que 112,000
familias, es decir, la cuarta parte de todas las familias puertorriqueñas,
recibían menos de $500 al año. Si por otro lado tenemos en cuenta que el 9%
de las familias participan de casi el 45% de la renta nacional, podremos
constatar la enorme desigualdad en que nos movemos. Nos
asusta que haya miles de jóvenes desempleados pero, ¿somos conscientes de la tragedia que significa para nuestra
juventud que del total de 17,939 estudiantes graduados de Escuela Superior que
solicitaron ingreso a la Universidad Estatal en el año 1968-69, sólo
11,347 fueron autorizados a ingresar? ¿Y
los demás? En
un país, como el nuestro, que camina rápidamente hacia la industrialización
es inconcebible que no tengamos ya grandes Escuelas Hemos visto con grande regocijo que el nuevo
programa federal, conocido como "Job-70" que ha comenzado a
implantarse en Puerto Rico, vendrá a aliviar en gran manera la necesidad de
un entrenamiento de aprendices en las empresas e industrias de la isla. No
queremos abrumar con estadísticas; sólo deseamos aprovechar
la
ocasión para
llamar
la atención de que tenemos otros grandes problemas económicos, sociales y
morales, en distintos sectores, como la vivienda, la salud, el divorcio y
otros males que afectan hondamente a la familia puertorriqueña. La Solución Debe Ser Múltiple - No Hay Una Única Solución
al Problema Reconociendo la complejidad del problema, deseamos también insistir en que hay medios múltiples de solucionarlo: cambio drástico y valiente de las estructuras económicas y sociales para lograr una mejor distribución de las riquezas; re-estructuración de todo nuestro sistema educativo para ponerlo mas en consonancia con el cambio que se está verificando en nuestro país, hacia una sociedad industrializada; Campaña masiva de educación de base a todos los niveles. Todo esto nos lo están pidiendo los 65,000 jóvenes menores de 25 años que están desempleados, y los 70,000 jefes de familias sin educación escolar alguna. De una cosa debí amos estar conscientes: no hay una solución única al problema. No podemos ocultar el temor que nos embarga de que pongamos todos nuestros esfuerzos en el control de la natalidad, como Si solamente el resultado de este esfuerzo pudiera solucionar el desbalance entre población y la distribución de la riqueza. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica
de Puerto Rico, al mismo tiempo que ofrece su colaboración y
expone sus inquietudes, ruega a Dios para que ilumine las inteligencias de
nuestros Legisladores y Gobernantes, y para que a todos nos dé' el valor
suficiente a fin de afrontar con energía los trabajos necesarios para la
promoción integral, es decir, material, cultural y moral de todo nuestro
pueblo. Por lo demás, la situación a que nos enfrentamos
exige de los católicos dar testimonio de su fe en el ideal de
la castidad matrimonial; con su conducta ajustada generosamente a la moral: que ser
fielmente cristiano en nuestros días implica aceptar de antemano el riesgo de
enfrentarnos a condiciones difíciles, y las mas de las veces insuperables, para
el solo esfuerzo humano desprovisto del auxilio divino. 1969 |
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